La contratación pública, a diferencia de la privada, requiere de una especial atención, pues obedece a un régimen sujeto al principio de legalidad; y, en consecuencia, a limitaciones en la discrecionalidad de los funcionarios públicos para atender las consecuencias que hechos o circunstancias imputables o no a las Partes, tienen generalmente en el cumplimiento del objeto contractual, así como en el monto y plazo de los contratos.

De allí, que una adecuada y oportuna administración de los contratos de parte del Contratista y del Propietario, se vuelve indispensable con el propósito de conducir el contrato conforme al alcance pactado, de notificar oportunamente las circunstancias que afectan o pueden afectar el cumplimiento del plazo o el precio del contrato, de responder adecuadamente requerimientos realizados por el administrador del contrato o por el Supervisor/Ingeniero, de presentar reclamaciones en tiempo y forma, de redactar las modificaciones contractuales sin limitación o renuncia a derechos legales y contractuales; y, de mantener una relación dinámica y respetuosa con el Cliente teniendo como base lo establecido en contrato.

En todo caso, una adecuada y oportuna administración de los contratos, cuando menos debe tener como propósito, evitar errores frecuentes y/o recurrentes y facilitar un mejor control de los riesgos del contrato.